La reforma laboral impulsada en 2021 por Yolanda Díaz, presentada como un histórico avance en la modernización de las relaciones laborales, cumple tres años sumida en la polémica.

En lugar de afianzarse como un modelo de consenso, su recorrido se ha visto marcado por modificaciones encubiertas, incumplimientos de compromisos internacionales y una creciente ruptura con los agentes sociales.

A día de hoy, no sólo se acumulan las críticas de la patronal y los sindicatos, sino también los reproches de organismos como la AIReF, que denuncian la falta de transparencia y de evaluación objetiva del impacto de la norma en la temporalidad.

Un balance preocupante que pone en tela de juicio la eficacia de las reformas y la credibilidad del diálogo social en España.

Un aniversario marcado por la incertidumbre, Tres años de reforma laboral

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, celebró hace apenas unas semanas el tercer aniversario de la entrada en vigor de la reforma laboral.

Sin embargo, lejos de proyectar una imagen de éxito, el contexto actual revela un panorama plagado de sombras.

Según ha denunciado la patronal CEOE, en estos tres años el Gobierno ha introducido más de 25 modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores sin diálogo previo, muchas de ellas utilizando leyes de ámbitos ajenos al laboral para colar cambios de calado de forma opaca.

Uno de los ejemplos más sonados ha sido la inclusión de una modificación en los contratos temporales agrícolas dentro de la Ley de prevención del desperdicio alimentario.

Esta alteración, ampliando de 90 a 120 días los contratos por circunstancias de producción, ha generado una fuerte indignación en sindicatos como UGT, que consideran que vulnera los principios básicos del diálogo social y deteriora la calidad del empleo.

El informe fantasma de la temporalidad

Uno de los compromisos más relevantes que adquirió el Gobierno con Bruselas, a cambio de recibir fondos europeos, fue la obligación de evaluar el impacto de la reforma en la temporalidad antes de enero de 2025.

Dicho informe, fundamental para medir si se han logrado los objetivos de estabilidad laboral, sigue a día de hoy sin publicarse.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha llamado la atención recientemente sobre este incumplimiento, alertando de que sin esa evaluación resulta imposible valorar la eficacia real de las medidas adoptadas.

La ausencia de este análisis, obligatorio según el Real Decreto-ley 32/2021, siembra dudas sobre la voluntad del Ejecutivo de someter su actuación a un escrutinio técnico riguroso.

Cambios silenciosos y sin consenso

La estrategia de introducir modificaciones legislativas de manera fragmentada ha sido una constante durante estos tres años.

Además del cambio en la contratación agraria, destacan otras alteraciones como la prioridad de los convenios autonómicos sobre los estatales (pactada para asegurar la investidura de Pedro Sánchez con el PNV) y el aumento del control de la Inspección de Trabajo en despidos colectivos, acordado con Bildu.

Estas decisiones han desatado un profundo malestar tanto en la patronal como en los sindicatos. La CEOE acusa al Gobierno de «despreciar» el diálogo social y de «dinamitar la estabilidad» necesaria para la paz laboral, mientras que UGT y CCOO alertan de que estos movimientos unilaterales erosionan la confianza en los procesos de concertación social.

Una temporalidad maquillada en Tres años de reforma laboral

Aunque el Gobierno presume de haber reducido la tasa de contratos temporales a mínimos históricos, diversos estudios advierten que gran parte de esa mejora es sólo estadística.

La proliferación de contratos fijos discontinuos —que en la práctica ocultan situaciones de temporalidad real— ha inflado artificialmente los datos de empleo estable.

Según Fedea, si se analiza el paro efectivo (incluyendo fijos discontinuos sin actividad), España sigue prácticamente en los mismos niveles de desempleo que en 2019.

Una crítica compartida también por numerosos expertos laborales que denuncian que los avances en empleo de calidad son, en el mejor de los casos, mucho menores de lo que reflejan las cifras oficiales.

Impacto en el tejido empresarial

La creciente regulación unilateral, la incertidumbre normativa y las reformas parciales han tenido efectos visibles en el tejido empresarial.

Según datos de Cepyme, el cierre de microempresas ha aumentado un 2% en el último año, mientras que el porcentaje de empresas que manifiestan dificultades para adaptarse a las continuas reformas supera ya el 65%.

Particularmente preocupante es el impacto sobre las pymes, que concentran el 70% del empleo en España.

Las modificaciones laborales, lejos de fomentar un marco de estabilidad y crecimiento, han añadido cargas y complejidades que dificultan la contratación y fomentan la precarización.

Reacciones de los agentes sociales a los Tres años de reforma laboral

La patronal CEOE ha endurecido notablemente su postura en los últimos meses.

Considera que el actual Gobierno ha roto los puentes del diálogo social y ha optado por legislar «de espaldas» a las empresas, comprometiendo así la competitividad del país.

Por su parte, los sindicatos, aunque más favorables al Gobierno, no ocultan su decepción. UGT ha reclamado abiertamente la revisión de algunos cambios introducidos de forma unilateral y ha exigido el cumplimiento estricto de los compromisos de evaluación acordados con Bruselas.

Contexto europeo y comparativa

En el contexto de la Unión Europea, España vuelve a situarse como un caso atípico.

Mientras otros países como Alemania, Países Bajos o Suecia han impulsado reformas laborales basadas en el consenso y la flexibilidad interna de las empresas, España parece apostar por una intervención directa y continua del poder político en las relaciones laborales.

Este enfoque genera preocupación entre los inversores internacionales, que ven en la inseguridad jurídica un freno al establecimiento de nuevas inversiones y proyectos empresariales en el país.

Las tareas pendientes de Yolanda Díaz, Tres años de reforma laboral

A la ministra de Trabajo le queda todavía una larga agenda por delante: la aprobación del Estatuto del Becario, la trasposición de varias directivas laborales europeas y la definitiva reforma de los contratos formativos.

Sin embargo, su margen político parece cada vez más estrecho ante la creciente presión de empresarios y de sectores críticos dentro del propio Gobierno.

El bloqueo o retraso en proyectos clave, como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales o la reforma de las indemnizaciones por despido, refleja las dificultades de Yolanda Díaz para seguir impulsando cambios profundos sin contar con el apoyo explícito de los agentes sociales.

Conclusión Tres años de reforma laboral: cambios sin control, incumplimientos y un futuro incierto para el empleo en España

Tres años después de su implantación, la reforma laboral de Yolanda Díaz no puede ser calificada como un éxito rotundo.

Aunque ha conseguido algunos avances formales, como la reducción del empleo temporal registrado, estos logros se ven ensombrecidos por un alarmante déficit de transparencia, una constante erosión del diálogo social y una preocupante falta de evaluación objetiva de su impacto.

La utilización de métodos legislativos opacos, la inclusión de cambios laborales en normas ajenas y el incumplimiento de compromisos internacionales debilitan la legitimidad del proceso reformista.

A esto se suma el creciente deterioro de la confianza entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos, lo que compromete seriamente la estabilidad futura del mercado laboral español.

Si España quiere avanzar hacia un modelo de empleo de calidad, competitivo y sostenible, resulta imprescindible recuperar el respeto al diálogo social, reforzar la seguridad jurídica y someter cualquier reforma estructural a evaluaciones rigurosas y transparentes.

De lo contrario, los cambios impulsados en estos años corren el riesgo de ser una oportunidad perdida más en la historia reciente del país.