El Tribunal Supremo ha decidido revisar la política de Hacienda respecto a los intereses de demora que asfixian a muchos autónomos.

Esta medida afecta directamente a aquellos que, tras ganar un litigio contra la Administración, se ven obligados a pagar cuantías adicionales por los intereses acumulados durante el proceso judicial.

Esta revisión podría suponer un alivio significativo para miles de trabajadores por cuenta propia que se sienten injustamente tratados por la Agencia Tributaria.

Intereses de demora de Hacienda

La práctica habitual de Hacienda ha sido imponer intereses de demora a los autónomos que ganan litigios fiscales, cargándoles con una penalización adicional por los años que tarda en resolverse el proceso judicial.

Aunque el autónomo demuestre que Hacienda actuó de manera incorrecta, estos intereses pueden seguir acumulándose, lo que en muchos casos termina asfixiando financieramente a quienes ya han sufrido un prolongado proceso judicial.

El Tribunal Supremo ha tomado la decisión de revisar esta política y examinar la legalidad y equidad de los intereses de demora que se imponen sobre las cantidades que los autónomos tienen que devolver o que les son devueltas tras un litigio.

Se plantea que estos intereses, lejos de reparar el daño ocasionado, acaban generando una doble penalización para los autónomos. La sentencia representa un cambio importante y podría poner fin a una práctica que ha sido calificada de injusta por muchos expertos y afectados.

El conflicto entre Hacienda y los autónomos, no solo los intereses de demora de Hacienda

No es la primera vez que Hacienda y los autónomos están en conflicto. A lo largo de los años, la relación entre la Agencia Tributaria y este colectivo ha sido tensa, con múltiples ejemplos de abusos de poder y excesos en la imposición de sanciones y recargos.

Desde las elevadas multas por errores formales hasta la obligación de realizar todas las gestiones a través de medios electrónicos, los autónomos han sufrido una inseguridad jurídica constante​.

Un ejemplo reciente es la obligatoriedad de utilizar la Dirección Electrónica Habilitada (DEHú) para recibir notificaciones, lo que ha provocado sanciones para aquellos que no accedieron a sus notificaciones electrónicas a tiempo, pese a haber facilitado una dirección postal.

Este sistema ha sido motivo de muchas quejas por la falta de flexibilidad y transparencia​.

Además, la morosidad por parte de la propia Administración sigue siendo un problema importante.

Mientras que Hacienda exige el cumplimiento inmediato de sus requerimientos y pagos, no ofrece la misma celeridad a la hora de devolver cantidades adeudadas a los contribuyentes, generando un clima de desconfianza y malestar entre los autónomos y las pequeñas empresas.

Consecuencias y problemas de la política de Hacienda

Esta asimetría en el trato entre Hacienda y los autónomos ha sido ampliamente criticada por asociaciones profesionales y expertos.

Los problemas que genera la actual política de intereses de demora incluyen:

• Aumento de la carga financiera: Los autónomos que ganan un litigio contra Hacienda pueden acabar pagando más debido a los intereses acumulados, lo que en muchos casos hace que su victoria en los tribunales sea meramente simbólica.
• Inseguridad jurídica: La práctica de Hacienda de alargar los procedimientos y las inspecciones puede llevar a una sensación de indefensión, agravada por los recargos e intereses que se imponen de manera automática.
• Desigualdad de trato: Hacienda tiene potestad para imponer sanciones y recargos sin la misma responsabilidad cuando el fallo es a favor del contribuyente. Este doble rasero ha sido criticado por diferentes sectores, que exigen un sistema más equilibrado.

Conclusión El Supremo cuestiona los intereses de demora de Hacienda: un respiro para los autónomos

La revisión del Tribunal Supremo abre una ventana de esperanza para los autónomos, quienes han sido víctimas de un sistema que, a menudo, favorece a la Administración en detrimento de los contribuyentes.

Esta situación evidencia la asimetría de poder entre Hacienda y los autónomos, donde estos últimos son los más vulnerables ante un sistema que no siempre actúa con equidad.

La inseguridad jurídica derivada de la gestión de los intereses de demora y otras prácticas administrativas crea un clima de desconfianza hacia las instituciones.

Para que los autónomos puedan desarrollar su actividad de manera justa, es imprescindible que se eliminen estas prácticas abusivas y se introduzcan mecanismos que equilibren la balanza, garantizando un trato justo y equitativo por parte de la Agencia Tributaria.