​El Gobierno de España ha aprobado un nuevo reglamento en el ámbito laboral que obliga a las empresas a garantizar los derechos de las personas LGTBI, en un intento por crear un entorno más inclusivo y libre de discriminación.

Esta normativa, basada en la Ley Trans, impone nuevas obligaciones que deberán ser cumplidas en un plazo de tres meses para las empresas con más de 50 empleados.

Aunque las empresas más pequeñas están exentas de la obligatoriedad, se plantea una vez más la creciente carga normativa que pymes y autónomos enfrentan en su día a día.

El reglamento LGTBI, nueva obligación en el ámbito laboral

Hoy, el Consejo de Ministros aprobará el reglamento que regula los derechos de las personas LGTBI en el ámbito laboral, una norma que llevaba seis meses de retraso.

Según esta regulación, las empresas de más de 50 trabajadores tendrán tres meses para implementar planes de igualdad específicos para garantizar la no discriminación del colectivo LGTBI.

Las medidas incluyen la creación de protocolos para evitar el acoso laboral por motivos de orientación sexual o identidad de género y la incorporación de formación específica para los empleados en esta materia.

El incumplimiento de estas obligaciones podrá acarrear sanciones que oscilan entre los 200 y los 150.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Las pequeñas empresas y autónomos con menos de 50 empleados no están obligados a cumplir con estas medidas, aunque se les invita a adoptarlas de manera voluntaria.

No obstante, la preocupación entre los empresarios es creciente, ya que muchas pymes temen que estas obligaciones puedan ampliarse a futuro, complicando aún más la carga burocrática y los costes asociados a la gestión de recursos humanos.

¿Qué exige el reglamento LGTBI y su implicación en el ámbito laboral?

Las empresas con más de 50 empleados deberán incorporar un conjunto de medidas obligatorias para garantizar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI en el trabajo.

Estas medidas incluyen:

• Formación específica para los empleados encargados de procesos de selección, para evitar cualquier tipo de discriminación durante las entrevistas.
• Creación de protocolos de prevención y actuación ante situaciones de acoso o discriminación laboral basadas en la orientación sexual o identidad de género de los empleados.
• Planes que aseguren la igualdad de acceso a beneficios sociales, permisos y derechos, sin discriminación por orientación sexual o identidad de género.
• Adaptaciones específicas para empleados trans, consideradas un colectivo vulnerable dentro de la normativa.

Además, los convenios colectivos deberán ser renegociados para incluir estas medidas, lo que ha generado preocupación entre los empresarios, que ven en este proceso una posible puerta abierta a la ampliación de otros temas que afecten los intereses de las compañías, como la jornada laboral o aumentos salariales.

Consecuencias para autónomos y pymes

Si bien el reglamento no obliga a las empresas de menos de 50 empleados a implementar estas medidas, la presión para seguir cumpliendo con las normativas laborales sigue aumentando, especialmente para los pequeños empresarios.

El coste de implementar las medidas y la formación puede ser elevado para las pymes, y muchos temen que la imposición de sanciones en caso de incumplimiento haga aún más difícil su adaptación.

Los autónomos que contraten empleados también deberán estar atentos a la evolución de estas normativas, ya que el panorama laboral está en constante cambio y el cumplimiento de la legislación laboral se ha vuelto más exigente.

A pesar de que ahora no es obligatorio, el Gobierno podría ampliar las exigencias en el futuro para este grupo de trabajadores por cuenta propia, incrementando aún más la carga de obligaciones a las que ya están sometidos.

Conclusión

Aunque el objetivo de la norma es garantizar la igualdad y la no discriminación, la realidad es que las pymes y los autónomos se enfrentan a una creciente carga normativa que les resulta cada vez más difícil de cumplir.

Este nuevo reglamento, aunque voluntario para las empresas más pequeñas, añade presión a las medianas empresas, que ya están lidiando con otras normativas y costes operativos elevados.

El constante aumento de obligaciones laborales impone mayores costes a las empresas, lo que puede frenar su capacidad de inversión y contratación.

Este tipo de normativas puede tener el efecto contrario al deseado: si bien buscan proteger a colectivos vulnerables, en la práctica, pueden ahogar a las empresas más pequeñas y a los autónomos, que se ven cada vez más asfixiados por las exigencias administrativas.

Lo que se necesita es una normativa equilibrada que garantice derechos sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas, especialmente en un entorno económico tan frágil.