El Gobierno de España, liderado por Yolanda Díaz, ha puesto en marcha un ambicioso plan para reformar el sistema de despidos en 2025.

El objetivo es hacerlo más justo para los trabajadores y “menos rentable” para las empresas, especialmente en casos de despido improcedente.

Esta reforma se enmarca dentro de las recomendaciones del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) y responde a la creciente preocupación por la protección laboral en España, donde el despido se considera más barato que en muchos países europeos.

En la actualidad, las indemnizaciones por despido improcedente en España se calculan en 33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades.

Esta fórmula fue instaurada tras la reforma laboral de 2012, que rebajó los derechos de los trabajadores en comparación con el régimen anterior, que otorgaba 45 días por año y hasta 42 mensualidades.

El nuevo modelo que promueve el Gobierno pretende que las indemnizaciones no solo sean proporcionales al tiempo trabajado, sino que incluyan variables adicionales como la edad, la antigüedad, el género y si el trabajador pertenece a un colectivo vulnerable.

Este enfoque, denominado “despido restaurativo” o “indemnización a la carta”, busca reformar los despidos para que el despido no solo repare el daño causado al trabajador, sino que también tenga un efecto disuasorio para las empresas.

Condiciones actuales del sistema de despidos en España

• Despido improcedente: 33 días de salario por año trabajado con un tope de 24 mensualidades.
• Despido procedente: No tiene indemnización, y puede darse por motivos disciplinarios, económicos, organizativos o técnicos.
• Despido objetivo: 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades, aplicado en casos de razones económicas, técnicas o de producción.

Este sistema ha sido criticado por el Comité Europeo de Derechos Sociales, que considera que no protege adecuadamente a los trabajadores ni repara el daño causado por un despido injusto.

Diferencias entre el sistema de despidos actual y lo que se quiere reformar

La reforma de Yolanda Díaz busca aumentar las indemnizaciones por despido improcedente y establecer nuevos criterios que hagan que el despido sea más costoso para las empresas.

Además, pretende restringir los casos en los que se pueda recurrir al despido objetivo, haciendo que las empresas justifiquen más los despidos y, de este modo, se reduzca la rotación laboral.

En esencia, el nuevo modelo buscará que el despido no sea una opción fácil y barata para las empresas, sino una medida que tenga consecuencias económicas significativas y reparadoras para los trabajadores afectados.

Consecuencias para autónomos y pymes

La posible subida de las indemnizaciones por despido puede tener un impacto considerable en autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes), que son las que más se ven afectadas por las cargas económicas de este tipo de medidas.

Si bien la intención del Gobierno es proteger mejor a los trabajadores, esta reforma podría aumentar los costes laborales para muchas empresas pequeñas, que a menudo no cuentan con los recursos financieros para hacer frente a indemnizaciones más altas.

Es posible que, para compensar esta carga, el Gobierno ofrezca bonificaciones o ayudas a las pequeñas empresas para mitigar el impacto de las nuevas medidas, pero aún no se han concretado detalles sobre posibles apoyos financieros en este ámbito.

Repercusiones económicas del reformar el sistema de despidos

El aumento, todavía más, en el coste del despido puede tener graves efectos negativos.

El aumento de los costes podría llevar a que las empresas sean más cautelosas a la hora de contratar, especialmente en sectores como el comercio y la hostelería, que dependen de empleos temporales y con alta rotación.

Conclusión El Gobierno planea reformar los despidos en 2025: indemnizaciones más altas y despidos “menos rentables”

Aunque reformar el sistema de despidos impulsado por el Gobierno tiene como objetivo aumentar la protección de los trabajadores y hacer el despido menos frecuente, enfrenta críticas importantes desde varios sectores:

• Impacto económico en pequeñas empresas y autónomos: Los pequeños negocios y autónomos temen que el aumento de las indemnizaciones encarezca notablemente los costes laborales. Esto podría llevar a una menor contratación en sectores sensibles, como el comercio y la hostelería, y hacer más difícil la supervivencia de las pequeñas empresas, que ya se enfrentan a márgenes ajustados.
• Mayor rigidez laboral: Algunos economistas y empresarios argumentan que un sistema de despido más costoso podría hacer el mercado laboral más rígido, disminuyendo la flexibilidad que muchas empresas necesitan para adaptarse a los cambios económicos. Esto podría traducirse en menos incentivos para contratar o en un aumento de la temporalidad como estrategia para evitar despidos caros.
• Inseguridad jurídica: La inclusión de factores como el género, la edad y la pertenencia a colectivos vulnerables en el cálculo de las indemnizaciones podría generar incertidumbre jurídica. Las empresas podrían enfrentarse a disputas legales más complejas al determinar qué indemnización corresponde en cada caso, lo que podría aumentar los litigios laborales.
• Competitividad empresarial: Desde el sector empresarial, se teme que esta reforma disminuya la competitividad de las empresas españolas en comparación con otros países donde el despido es menos costoso. Algunos expertos alertan de que esto podría llevar a la deslocalización de empresas hacia países con regulaciones laborales más flexibles.

Estas críticas subrayan la necesidad de encontrar un equilibrio entre proteger a los trabajadores y mantener un entorno empresarial dinámico que favorezca el empleo y la inversión.